GOBERNANZA PÚBLICA, TRANSPARENCIA Y CONTRATOS ADMINISTRATIVOS EN LA IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS DIGITALES EN EL SECTOR PÚBLICO

Resumen

El artículo analiza los desafíos jurídicos relacionados con la gobernanza pública, la transparencia y la contratación administrativa de tecnologías digitales en el ámbito de las políticas de innovación tecnológica que integran el sector público. La presente investigación parte de la premisa de que la adopción de la Inteligencia Artificial, el big data y las plataformas digitales reconfigura todo el proceso de toma de decisiones administrativas, tensionando los principios clásicos que rigen el Derecho Administrativo y la responsabilidad del Estado. Para ello, el estudio adopta un enfoque jurídico-teórico y crítico-analítico, basado en una revisión bibliográfica especializada y en el análisis normativo, articulando aportes de la gobernanza pública, la teoría de las políticas públicas, la protección de datos personales y la gobernanza algorítmica. El marco teórico-metodológico sostiene que la innovación tecnológica estatal no puede comprenderse únicamente como una modernización procedimental, sino como un fenómeno institucional que exige la reinterpretación de los regímenes de contratación pública, contractuales y de control democrático. El análisis evidencia que la contratación pública de soluciones tecnológicas enfrenta limitaciones estructurales asociadas a la asimetría de información, la dependencia tecnológica, la opacidad algorítmica y la transferencia técnica de funciones públicas sensibles a actores privados. Como principales resultados, el trabajo indica que los contratos administrativos orientados a la adopción de tecnologías digitales deben incorporar mecanismos específicos de gobernanza del riesgo tecnológico, tales como obligaciones de transparencia, trazabilidad de las decisiones, auditorías independientes y supervisión institucional continua. Se concluye que la gobernanza contractual constituye un instrumento esencial para compatibilizar la innovación tecnológica, la responsabilidad estatal y la protección de los derechos fundamentales, evitando que las ganancias de eficiencia se transformen en déficits democráticos.